Legislación

VIOLENCIA VICARIA EN PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA: CUSTODIA, VISITAS Y PROTECCIÓN

Del auto de medidas a la ejecución de la sentencia: en qué momentos de un procedimiento de familia se decide la protección y qué plazos corren en cada uno.

Por Stop Violencia Vicaria

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Ilustración plana: tres heptágonos crema de contorno violeta oscuro sobre fondo lavanda y suelo arena, unidos por líneas de puntos; dentro, en degradado magenta y violeta, un documento, un calendario y un escudo que protege una casa

Un procedimiento de familia no se decide en un único día. Hay un antes de la demanda, unas medidas provisionales, una vista, una sentencia y un después que puede durar años. Cuando hay violencia vicaria, el daño a la madre a través de sus hijas e hijos, cada uno de esos momentos es una oportunidad de protección o un punto en el que la protección se pierde.

Ya explicamos qué juzgado decide sobre custodia y visitas cuando hay violencia de género y cuándo la ley obliga a suspender las visitas. Esta pieza sigue el orden del procedimiento: qué se puede pedir en cada fase, quién interviene y qué plazos corren.

Este artículo describe el marco general vigente a 17 de noviembre de 2026. No sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto: los plazos y la vía adecuada dependen de cada situación y conviene revisarlos con una abogada o un abogado.

Antes de la demanda: las medidas provisionales previas

Se puede pedir protección para las hijas e hijos antes de presentar la demanda de separación o divorcio. El artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar al tribunal del propio domicilio medidas sobre la custodia, la vivienda y las cargas familiares. Para esa primera solicitud no hace falta abogado ni procurador; para todo lo posterior, sí.

Tres datos de ese artículo importan especialmente:

  • Urgencia. Si el caso lo aconseja, el tribunal puede acordar de inmediato lo que considere procedente sobre la custodia y el uso de la vivienda, sin esperar a la comparecencia.
  • Comparecencia en diez días. Se cita a ambas partes y, si hay hijos menores, al Ministerio Fiscal. El tribunal resuelve después en tres días mediante un auto que no admite recurso.
  • Treinta días para demandar. Las medidas solo se mantienen si la demanda se presenta dentro de los treinta días siguientes a su adopción. Si no, decaen.

Este cauce está pensado para matrimonios. Cuando no hay matrimonio y el proceso trata solo de la guarda y custodia o de los alimentos de los hijos, la regla 6.ª del artículo 770 remite a los mismos trámites de medidas previas, simultáneas y definitivas.

La orden de protección es una vía distinta, penal y con su propio plazo. Según el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sus medidas civiles duran treinta días; si en ese tiempo se inicia el procedimiento de familia, se mantienen treinta días más desde la demanda para que el juzgado las ratifique, modifique o deje sin efecto. Los dos relojes corren a la vez y no se sustituyen.

Con la demanda: las medidas provisionales

Si no se pidieron antes, las medidas se solicitan en la propia demanda. Admitida la demanda, el tribunal convoca una comparecencia y resuelve por auto, sin recurso, según el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esas medidas rigen hasta la sentencia.

El contenido lo fija el artículo 103 del Código Civil: con quién quedan los hijos, cómo y cuándo se relacionan con el otro progenitor y, cuando existe riesgo de sustracción, medidas concretas como la prohibición de salir de España sin autorización judicial, la retirada del pasaporte del menor o la necesidad de autorización judicial para cualquier cambio de domicilio.

Es una fase decisiva. Las medidas provisionales pueden mantenerse muchos meses, y lo que se acuerde en ellas marca la rutina de las criaturas mientras el procedimiento avanza.

Cuando aparece la violencia: el procedimiento cambia de juzgado

Si durante el proceso de familia consta violencia de género con causa penal u orden de protección, el juzgado civil debe dejar el asunto. El artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al juzgado que conoce del procedimiento civil a inhibirse y remitir los autos, en el estado en que estén, al juez de violencia sobre la mujer competente, tras comprobar los requisitos del artículo 89.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay un límite temporal: la inhibición no procede si ya se ha iniciado materialmente la vista o comparecencia del procedimiento civil. Por eso importa que la existencia de la causa penal o de la orden de protección conste en el procedimiento de familia cuanto antes.

Ese mismo artículo prevé dos situaciones más:

  • Violencia sin causa penal abierta. Si el juez civil tiene noticia de un posible acto de violencia de género que no ha dado lugar a un proceso penal ni a una orden de protección, debe citar a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia en las 24 horas siguientes. El Fiscal decide entonces si denuncia o solicita una orden de protección en otras 24 horas.
  • Requerimiento desde el juzgado de violencia. Si es el juzgado de violencia sobre la mujer quien conoce de la causa penal y sabe que existe un proceso civil, requiere al juzgado civil para que se inhiba, y este debe hacerlo de inmediato.

Una vez en la Sección de Violencia sobre la Mujer, la mediación queda excluida. La regla 7.ª del artículo 770 permite suspender el proceso de familia para acudir a mediación de común acuerdo, pero el artículo 89.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial veda los medios adecuados de solución de controversias en estos asuntos.

La vista: quién habla por las hijas y los hijos

En la vista, la voz de las criaturas llega por tres vías: el Ministerio Fiscal, su propia audiencia y, si el juzgado lo acuerda, el dictamen de especialistas.

  • Ministerio Fiscal. Su intervención es preceptiva cuando hay menores, según el artículo 749.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, el artículo 92.6 del Código Civil obliga al juez a recabar su informe antes de decidir la guarda y custodia.
  • Audiencia de los hijos. La regla 4.ª del artículo 770 establece que, en los procedimientos contenciosos, los hijos deben ser oídos en todo caso si tienen doce años o más, y pueden serlo antes si se estima necesario. La audiencia debe hacerse en condiciones idóneas, sin interferencias de otras personas. Cómo se protege ese derecho lo explicamos en el derecho de niñas y niños a ser escuchados.
  • Dictamen de especialistas. El artículo 92.9 del Código Civil permite al juez recabar, de oficio o a petición de las partes, del Fiscal, del equipo técnico judicial o del propio menor, el dictamen de especialistas cualificados sobre la idoneidad del régimen de custodia.

La prueba que no pueda practicarse en la vista se practica en un plazo máximo de treinta días, y el tribunal puede acordar de oficio las que afecten a medidas sobre los hijos. Qué sirve como prueba y qué límites tiene está en qué sirve como prueba en un caso de violencia vicaria.

La sentencia: medidas definitivas que no se paralizan con un recurso

La sentencia sustituye las medidas provisionales por las definitivas. Según el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los recursos contra la sentencia no suspenden la eficacia de las medidas acordadas.

Esto opera en ambos sentidos. Si la sentencia protege, esa protección no queda en suspenso porque la otra parte recurra. Si no protege lo suficiente, recurrirla tampoco detiene su aplicación mientras se resuelve el recurso.

El artículo 92.10 del Código Civil añade que, al fijar la custodia y las visitas, el juez debe adoptar las cautelas necesarias para que esos regímenes se cumplan de forma eficaz. La forma de las entregas y el lugar de las visitas forman parte de esas decisiones.

Después de la sentencia: incumplimientos, cambios y urgencias

Tras la sentencia, la protección se pide por tres cauces: la ejecución, la modificación de medidas y las medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil.

Incumplir no es una vía de protección. La regla 3.ª del artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que el incumplimiento reiterado del régimen de visitas, tanto por el progenitor custodio como por el no custodio, puede llevar a modificar la guarda y las visitas, siempre que sea acorde con la evaluación del interés superior del menor. Si una madre teme por sus hijos en una entrega, la vía segura es pedir al juzgado que suspenda o limite el régimen, no dejar de cumplirlo por su cuenta.

Modificación de medidas. El artículo 775 permite pedir que se cambien las medidas definitivas cuando han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta. Puede pedirlo cualquiera de los progenitores y, si hay hijos menores, también el Ministerio Fiscal. Mientras se tramita, cabe solicitar una modificación provisional.

Medidas urgentes en cualquier momento. El artículo 158 del Código Civil permite al juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, acordar la prohibición de aproximación o de comunicación con el menor, la suspensión cautelar de la patria potestad, de la custodia o del régimen de visitas y cualquier otra medida para apartarlo de un peligro. Puede adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal, o en un expediente de jurisdicción voluntaria, garantizando la audiencia del menor.

Además, el artículo 94 del Código Civil permite limitar o suspender las visitas si se incumplen grave o reiteradamente los deberes fijados por la resolución judicial. Las reglas que impiden o suspenden las visitas cuando hay proceso penal o indicios fundados de violencia, en los artículos 92.7 y 94, se desarrollan en violencia vicaria y régimen de visitas.

La atención psicológica de los hijos durante el procedimiento

No siempre hace falta el consentimiento del otro progenitor. El artículo 156 del Código Civil establece que, iniciado un procedimiento penal contra un progenitor por atentar contra los hijos o contra el otro progenitor, basta el consentimiento de este último para la atención y asistencia psicológica de los hijos menores, informando previamente al primero.

Lo mismo se aplica sin denuncia previa cuando la mujer recibe asistencia en un servicio especializado de violencia de género que emite un informe que acredite la situación. Si los hijos tienen más de dieciséis años, se necesita además su consentimiento expreso.

Qué está en trámite: nada

El Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria no modificó ninguna de estas reglas. Según la ficha de tramitación del Congreso, consultada el 17 de noviembre de 2026, el expediente 121/000106 figura como «Concluido - (Caducado)». Ninguna de sus medidas está en vigor. Qué proponía lo resumimos en proyecto de ley de violencia vicaria.

Lo que conviene retener

  • Los plazos corren desde el primer día. Treinta días para presentar la demanda tras las medidas previas; treinta días de las medidas civiles de la orden de protección, y treinta más desde la demanda.
  • La causa penal tiene que constar. La remisión del procedimiento civil al juez de violencia sobre la mujer no procede si ya ha empezado la vista.
  • Hijas e hijos tienen voz propia. A partir de los doce años deben ser oídos en el procedimiento contencioso.
  • Un recurso no paraliza la sentencia. Las medidas definitivas se aplican mientras se recurre.
  • No incumplir: pedir. La suspensión o limitación de las visitas se solicita al juzgado; dejar de cumplir puede volverse en contra.
  • El artículo 158 siempre está disponible. En cualquier procedimiento y en cualquier fase.

Si necesitas orientación

  • Ante un peligro inmediato, llama al 112.
  • El 016 ofrece información y asesoramiento jurídico gratuito y confidencial las 24 horas, en varios idiomas y sin quedar registrado en el historial de llamadas del móvil; también atiende por WhatsApp en el 600 000 016 y por correo en 016-online@igualdad.gob.es.
  • En ayuda y recursos están reunidas las vías de atención y acompañamiento.

Antes de cada fase, conviene tener ordenados los hechos con fechas y datos concretos. Cómo hacerlo con seguridad está en qué documentos guardar.

Nuestro trabajo

Stop Violencia Vicaria es una asociación especializada en violencia de género vicaria. Acompañamos a víctimas, investigamos e impulsamos reformas legislativas a partir de lo que vemos en la aplicación práctica de estas normas. Gran parte del daño ocurre en los procedimientos de familia: en una entrega, en un plazo que vence, en una medida provisional que se alarga.

Ese trabajo lo dirige Andrea Cabezas Mateos, abogada especializada en violencia de género, infancia y derechos humanos y presidenta de Stop Violencia Vicaria.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir medidas sobre mis hijos antes de presentar la demanda de divorcio?

Sí. El artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar medidas provisionales previas ante el tribunal del domicilio, sin abogado ni procurador para esa primera solicitud. Si hay urgencia, el tribunal puede decidir de inmediato sobre la custodia y la vivienda. Las medidas decaen si la demanda no se presenta en los treinta días siguientes.

¿Qué pasa con el procedimiento de familia si denuncio violencia de género?

Si se ha iniciado un proceso penal o se ha dictado una orden de protección y se cumplen los requisitos del artículo 89.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juzgado civil debe inhibirse y remitir el asunto al juez de violencia sobre la mujer, salvo que ya haya empezado la vista. Así lo establece el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Tienen que declarar mis hijos en el procedimiento de familia?

En los procedimientos contenciosos deben ser oídos si tienen doce años o más, y pueden serlo antes si se considera necesario. La audiencia debe hacerse en condiciones idóneas y sin interferencias de otras personas, según la regla 4.ª del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Si recurro la sentencia se suspenden las visitas?

No. El artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los recursos contra la sentencia no suspenden la eficacia de las medidas acordadas. Para suspender o limitar las visitas hay que pedirlo expresamente, por ejemplo por la vía del artículo 158 del Código Civil.

¿Puedo dejar de entregar a mis hijos si temo por su seguridad?

Dejar de cumplir por cuenta propia puede tener consecuencias: el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que el incumplimiento reiterado del régimen de visitas pueda llevar a modificar la custodia. La vía es pedir al juzgado la suspensión o limitación de las visitas; ante un peligro inmediato, llamar al 112.

Esta información es general y divulgativa. No sustituye el asesoramiento jurídico, psicológico o sanitario profesional.

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